La iniciativa que surgió de la pasada consulta anticorrupción duró más de un año en el Congreso y por fin vio la luz este lunes.

El proyecto también prohíbe que quienes paguen penas por corrupción no puedan volver a contratar con el Estado, medida que aplica también para aquellas empresas que estén involucradas en este tipo de delito, describe El Tiempo.

La votación en el Congreso para esta medida fue de 89 votos por el sí y cero por no. Así mismo, se fijó que los delincuentes no podrán pagar sus condenas en sitios especiales de reclusión como escuelas de caballería, naval, guarniciones o escuelas de policía, entre otros.

El Espectador, por su parte, enfatiza en que la aprobación de este proyecto se dio luego de una “estrategia dilatoria” para que no tuviera curso el proyecto, lo que obligó a convocar la plenaria para este lunes.